Una opinión más sobre la criminalización social y persecución que por parte de los dirigentes políticos están sufriendo los empleados públicos en nuestro país.

Se explica que vivimos durante algunos años una burbuja económica en la que se entendía que puestos de trabajo sin ninguna cualificación técnica (que por otro lado merecen todos mis respetos), principalmente los relacionados más directamente con el entorno de la construcción, pudieran remontar salarios de 3000 o 4000 Euros mensuales.

En estos momentos de apogeo, estos desmesurados salarios fueron el factor común en el desarrollo laboral de nuestro país, abusos en cobro de prestaciones por desempleo, bajas médicas sin control, etc…, momento de gran expansión y enriquecimiento, en el que ante tanto derroche y bondad social, por qué no aprovechar para inflar la hipoteca de la vivienda en un 120 por 100 y comprar el coche de lujo, la motocicleta o, por qué no, una pequeña embarcación para los ratos de ocio y esparcimiento en la segunda vivienda que se disfruta durante los cuarenta días de vacaciones, la semana santa, el puente semanario de mayo o los acueductos semanales en los miércoles festivos.

Durante este tiempo, nadie se acuerda del funcionario, más bien es un marginado social, en su condición de “tonto”, tanto estudiar y tanto esfuerzo para cobrar la mitad o menos de la mensualidad percibida por muchos empleados en actividades para las que no se exige ningún tipo de cualificación (dicho con el máximo respeto al ejercicio de cualquier oficio).

Los funcionarios no negociaron en un mercado libre sus sueldos en momentos de bonanza, seguirían percibiendo sus remuneraciones previstas en los presupuestos anuales previstos y aprobados por las distintas Administraciones Públicas.

Ahora, cuando el derroche social permitido, si no fomentado o no perseguido, por nuestros políticos, alcanza límites vergonzosos de deuda pública, y sitúa a nuestro país en el punto de mira de la Unión Europea y de las políticas económicas internacionales, junto con nuestros parientes más trabajadores del sur de Europa (Grecia, Italia y Portugal, países del dominio de la pillería y de la picaresca social), nuestros gobernantes se han acordado de los funcionarios, de aquellos que durante la bonanza no pudieron obtener beneficio extraordinario alguno, de aquellos no responsables de la concesión de vergonzosas y desmesuradas hipotecas y de aquellos que nunca tuvieron la ocasión de mercadear con sus puestos de trabajo, para lucrarse desproporcionadamente del falso lleno de las arcas públicas.

Estos dirigentes, no sólo se han acordado de los empleados públicos, sino que los exponen, criminalizan socialmente, y venden a la ciudadanía como auténticos responsables de la situación de crisis que atraviesa nuestro país, arrebatándoles, donde no pueden defenderse, parte de sus ya recortados salarios y derechos sociales, para calmar el impacto que esta grave crisis se reprocha a nuestra privilegiada casta política.

Debemos recordar que un gran número de empleados públicos de nuestro país nunca han dejado de ser personas con salarios comprendidos entre 1000 y 1200 Euros.

Ser funcionario es una opción más a la que cualquier ciudadano puede acceder, como derecho fundamental que nuestra carta magna nos atribuye. Es una elección y no una condición con la que se nace, supone poseer unas titulaciones académicas acorde con las exigencias de las bases de las convocatorias, preparar todo un proceso selectivo y competir con cientos de personas aspirantes a una misma plaza.

Supone cambiar fines de semana de diversión por sacrificio, competir durante años y planificar un futuro dependiente a ese puesto de trabajo (retrasar las expectativas de adquisición de vivienda, creación de una familia y pérdida de poder adquisitivo durante los años que dura la preparación de la oposición).

Existen dos formas de llegar a “vivir de la Administración Pública” en nuestro país, una mediante la preparación y aprobación de una oposición y otra, de la mano de la política (los dirigentes políticos y sus cargos de confianza, dirección y asesoramiento).

Se legitima ahora ahogar a los funcionarios, con el recorte de sus ajustados y merecidos salarios, hacer recortes en políticas de seguridad, sanidad y educativas (pilares básicos en cualquier estado social de derecho), mantener un modelo inútil, cuestionado e improductivo de organización territorial autonómico, mantener salarios superiores a 4000 Eros mensuales a miles de asesores de cuestionadísima competencia y cometido, que llegan a la Administración de mano directa de los Gobernantes (sin aprobar oposición alguna), ocupando cargos que, ante el estudio de su cometido y oportunidad en el desarrollo del cargo,  legitiman a la sociedad a pensar (en el desarrollo de su derecho fundamental a la libertad ideológica y de expresión) que en muchos casos obedecen más a agradecimientos y/o deudas partidistas que a la efectiva necesidad de la creación de los puestos que ocupan.

A qué obedecen los increíbles sueldos que perciben dichos asesores, Concejales y Alcaldes en algunos municipios, la necesidad de mantener un Senado con unas competencias que por su relevancia puede asumir el Congreso de los Diputados, el mantenimiento de unas Comunidades Autónomas que salen más caras a los ciudadanos en personal y cargos que en los servicios duplicados y solapados con otras Administraciones que ofrecen, cómo, cuándo y a quién se van a exigir las responsabilidades de los derroches económicos realizados por nuestro políticos (redes ferroviarias e infraestructuras aeroportuarias sin demandas de servicios, endeudamientos de las Administraciones desorbitados, impagos a proveedores, etc.), el “juego” que se ha permitido con los diseños de nuestros sistemas educativos que afectará a los recursos humanos en nuestro futuro sistema productivo y laboral o la responsabilidad que debería atribuírsele a la banca en esta grave situación de crisis económica, entre otros aspectos similares.

Con tanta y tanta cosa importante que estudiar y subsanar, que inciden realmente de forma importante en nuestro derroche administrativo, parece más importante seguir colocando de cabezas de turco a nuestros empleados públicos, criminalizando socialmente su desgracia de haber luchado por un puesto de trabajo (al que cualquier ciudadano pudo concurrir) en la Administración Pública, pero que sirven de escudo ante sus ciudadanos para evitar que reluzcan los auténticos problemas de la Administración, que parece que no terminan de controlar sus cualificados asesores y cargos de confianza de astronómicas remuneraciones en pleno momento de crisis, en lugar de permitirse que tales cargos sean suplidos, de forma mucho más económica y efectiva, por funcionarios cualificados de los que dispone nuestro plural sistema de Administraciones Públicas.

Continuando con mi opinión personal, que no deseo sea entendida de forma catastrofista, es que una sociedad con un sistema educativo desorientado y sin rumbo será una sociedad poco competitiva e improductiva, una sociedad sin justicia será una sociedad insegura e injusta, una sociedad sin una cualificada y social red sanitaria será una sociedad con escasa y privilegiada accesibilidad a una digna salud y una sociedad con unos empleados públicos mal remuneraos, no reconocidos social ni políticamente y sistemáticamente cuestionados, será una sociedad que ofrezca una insuficiente calidad en la prestación de sus fundamentales servicios públicos, desarrollados con unas garantías, objetividad y eficacia cada vez más cercana a la ofertada por las por las Administraciones de países tercermundistas y/o de escasa consideración internacional, en los que sus servicios públicos funcionan al amparo tácito de la imparable corrupción.

SM.1.JMPG