EL ACOSO ESCOLAR.- Sucede con cierta normalidad, el despertarnos con una nueva noticia, difundida por los medios de comunicación, en la que mediante el empleo de la violencia, algún alumno de un centro educativo (tanto de educación primaria como secundaria), pasa a tener la consideración de víctima de acoso en el ámbito escolar.

Quizás, atendiendo a la Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura, en lo referente al aprendizaje por observación, podamos llegar a comprender algo más de la injustificada expansión de este tipo de conductas en niños-jóvenes estudiantes de nuestra sociedad. Sería interesante, pero no el fin ahora pretendido, hacer una incursión más extensa en los conceptos de modelamiento, reforzamiento, castigo, pretensiones del niño mediante el uso de la violencia, responsabilidad de los grupos de referencia (familia, amigos, escuela…) etc…

Hoy se puede afirmar el antagonismo existente entre la reciente sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el Colegio Suizo en esta capital (destaca su contundencia a nivel europeo -30.000 Euros de indemnización a la familia damnificada-), con los escalofriantes datos que revela el Informe CISNEROS X, del que se destaca que de cada 100 niños escolarizados en España entre 7 y 17 años:

1. Cuarenta y cuatro niños refieren haber sufrido violencia escolar por parte de sus compañeros al menos alguna vez.

2. Veintitrés niños refieren dos o más comportamientos de violencia escolar que califican como muy frecuentes (muchas veces) contra ellos.

3. Doce niños presentan daños psicológicos en forma de sintomatología de estrés postraumático a consecuencia del maltrato recibido.

4. Siete niños puntúan en un nivel clínico en 7 de las 8 escalas clínicas utilizadas en el estudio.

5. Treinta y seis niños se consideran hostigadores esporádicos de sus compañeros.

6. Tres niños se consideran hostigadores habituales o muy frecuentes de sus compañeros.

7. Diecinueve niños señalan a niños varones de su clase como autores del maltrato muy frecuente.

8. Ocho niños señalan a niñas de su clase como autoras del maltrato.

9. Trece niños señalan a gangs de otras clases como autores del maltrato.

10. Cuatro niños señalan a un profesor como autor del maltrato.

Es incuestionable el papel que los medios de comunicación, principalmente los audiovisuales (sin olvidar videojuegos y otros juguetes de una impropia naturaleza bélica), juegan en el desarrollo de la personalidad del niño, particularmente en la etapa en la que aún no ha conseguido forjar la madurez necesaria como para ser independiente al efectuar razonamientos lógicos para poder discriminar el bien del mal (partiendo de una interpretación amplia y no subjetiva de estos conceptos). Por lo que no debería ser descartada la idea de valorar y, mediante políticas reales, efectivas y desvinculadas de reclamos electoralistas, hacer un análisis objetivo sobre la incidencia (en términos socio-jurídicos “relación causalidad”) que la televisión, principalmente, está teniendo en la desencadenación de conductas violentas con origen en la población (niño-adolescente) escolar. Con ello, se podrían establecer unas líneas de trabajo materializadas en programas, un seguimiento de los resultados obtenidos (comparación con los objetivos previamente establecidos) y, finalmente, un sistema debidamente definido de evaluación sobre la intervención llevada a cabo, neutralizándose de este modo, en la mayor medida posible, “el efecto pólvora o llamada” atribuido a estos medios de comunicación, que se agrava con la publicación de las propias imágenes tomadas por los instigadores.   

Entrando en materia más propia de esta reflexión, es interesante destacar, a título comparativo, el trabajo que ha supuesto, a pesar de todo el camino que aún queda por recorrer, concienciar a nuestra sociedad de que la violencia en el ámbito familiar, principalmente su variante más conocida “la violencia de género”, sea tratada como un acto repudiable, del que la víctima no debe sentir absolutamente ninguna vergüenza ni culpabilidad sobre el maltrato sufrido y, principalmente, de que este desafortunado fenómeno social sea tratado como algo público –nos concierne a todos/as, y todos los poderes públicos e instituciones deben estar activamente implicados-, alejándonos del erróneo tratamiento que en el que tradicionalmente se sustentaba, al concebirlo como un acto privado y propio de las relaciones familiares al que se le asociaban frases tales como :“No te metas en eso, que la ropa sucia se lava en casa”.

Sírvase la breve sinopsis referida en el párrafo anterior, cómo el más ilustre ejemplo de lo que, a mi juicio, está ocurriendo con los casos de violencia escolar (popularmente conocidos como “bullying”) en la actualidad en nuestra sociedad.

Es raro que tras la producción o denuncia de este tipo de sucesos, algunos perfectamente acreditados (imágenes, grabaciones…), el Director o responsable del centro escolar haga un “reconocimiento público” de la situación y un llamamiento al intento de paliar tales actos, como la lógica indica para el tratamiento de cualquier problemática, es decir, primero se debe reconocer el problema, ser consciente del mismo, determinar su alcance y magnitud y seguidamente aplicar la “terapia” que proceda.

Los centros en los que se producen tales incidentes, más bien se pronuncian en una línea totalmente opuesta, en la que se evidencia un claro fin de ocultar o intentar restar importancia a lo ocurrido, y poner de manifiesto ante la opinión pública que el personal docente de ese centro no tenía ni tiene constancia de que tales tropelías se produjesen en el seno de sus aulas. Con esta conducta omisiva, lógicamente no se soluciona el problema, únicamente se ofrece una respuesta engañosa que no hace más que “dar cobijo” y ofrecer inmunidad a los instigadores y agresores que ven como sus actos se encuentran, en cierta manera, amparados por sus educadores y, además, paradójicamente, la victima estará abocada al cambio de centro escolar, enalteciendo tal conducta aún más a los responsables de estos actos violentos.

Aplicando los principios sociológicos de aprendizaje del comportamiento a estos actos ocurridos en los centros escolares, y con la proyección y actual crecimiento (en número y gravedad) de los mismos, sólo cabe confirmar la regla que en la actualidad define el incremento de este fenómeno social: COMPORTAMIENTO HOSTIL + PUBLICIDAD ERÓICA DEL COMPORTAMIENTO + PERMISIBILIDAD POR ÓRGANOS DE CONTROL + DESPROPORCIÓN EN EL CASTIGO RESPECTO DE LA CONDUCTA + DESTIERRO Y MARGINACIÓN DE LA VÍCTIMA = APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO SOCIAL DEL COMPORTAMIENTO.

Esta fórmula es la que con escasas dudas me lleva a confirmar que, lamentablemente, aún habrá que esperar unos años, pero llegará el momento, para que la violencia en el ámbito escolar obtenga el mismo reconocimiento y tratamiento que la violencia en el ámbito familiar, aunque en este también aún quede mucho por hacer.  

Jurídicamente, teoría no sin fundamento, quedaría para la reflexión: ¿Podrían incurrir en responsabilidad criminal el personal docente que conociendo del maltrato a un menor del que asume su guarda temporal no se opusiese resueltamente –denunciando- a tales hechos que conoce?.

EL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL ANTE EL ACOSO ESCOLAR COMO MEDIO DE CONTROL SOCIAL FORMAL.-

Centrándonos en el papel que debe desempeñar el servicio de Policía Local, absolutamente necesario para cumplir cualquier objetivo efectivo, cabe resaltar que a estas alturas no es objeto de debate cuestionar el necesario protagonismo de estos funcionarios por su proximidad a la comunidad vecinal –cuerpo policial más próximo al ciudadano para detectar y solucionar cualquier problemática social- así como su gran posibilidad de contactar, interaccionar y hacer un seguimiento de la evolución y tratamiento ofrecido por los Servicios Sociales municipales sobre las familias afectadas.

Este hecho ha generado en estos colectivos una evolución competencial, necesaria y socialmente demandada, avalada por su formación, su especialización en materias técnicas y su capacidad y rapidez de respuesta ante las demandas sociales, así como por su relación e interacción con el resto de servicios municipales y comunitarios para el tratamiento de problemáticas o conductas antisociales desde un punto de vista multi e interdisciplinar, en lugar de continuar ofreciendo una parcial, obsoleta y desfasada respuesta policial sin posibilidad de tratamiento integral, como viene ocurriendo en la actuación de los cuerpos de seguridad estatales ante problemáticas severas de naturaleza social, en las que los sujetos finalmente llegan a adentrarse en la conducta criminal –quizás por una lenta, ineficaz o inexistente actuación institucional-.

Es decir, detienen al presunto delincuente, lo presentan en el Juzgado y nada importa el marco social en el que se originaron los hechos, sus antecedentes sociales, la ayuda que pueda precisar para evitar que se repita la situación –lo más importante-, las víctimas generadas, ni tampoco importa en exceso las motivaciones que han activado en el sujeto ese comportamiento antisocial. Evidente no se reprocha esta culpabilidad directa al servicio que prestan los propios funcionarios de los cuerpos policiales estatales, más bien a los pocos medios de los que disponen para su tratamiento y seguimiento, teniendo que recurrir en la mayoría de las ocasiones a demandar el apoyo de los servicios dependientes de las corporaciones locales.

Se quiere decir, que cuando el sujeto en cuestión sea puesto en libertad por el Juez, en su comunidad se repetirá el ciclo, comenzarán nuevas molestias, insultos, situaciones tensas, comportamientos que dificulten la convivencia y que, en definitiva, sean potencialmente considerados de peligro y próximos al limite con conductas delictivas, y todo ello, por no existir un tratamiento efectivo ante una problemática de naturaleza esencialmente social más que criminal.

Con esta descripción tan objetiva como cotidiana, no se puede entender un tratamiento de las situaciones violentas -en aumento- que se suceden entre nuestra población escolar, sin atribuir un papel que necesariamente corresponde a los cuerpos de Policía Local, con mucho que decir sobre estos comportamientos desviados o antisociales por su asentada experiencia en el trabajo con menores.

Para concluir, sin querer ser alarmista, aunque ya las cifras del informe CISNEROS X de violencia escolar hablan por sí solas, sin remitirme a casos “sangrantes” públicamente conocidos, es importante considerar que para que este fenómeno antisocial no continúe creciendo desmesuradamente hacia lo que finalmente podría considerarse una “pandemia social”, debe existir una concienciación en su tratamiento como problemática o hecho público y no como sucesos aislados que sólo importan a las víctimas y sus victimarios.

En tanto no se produzca tal cambio o condena social y modificación de conciencia, se impliquen los servicios sociales, cuerpos de Policía Local, asociaciones de padres y madres de alumnos, órganos de representación del profesorado, etc…, socio-criminológicamente será imposible cosechar unos resultados realmente fructuosos, continuando ante una batalla perdida, al igual que ocurrió en los orígenes de la “moderna” violencia de género.

Este artículo es dedicado a la Parapsicóloga Doña Leocadia Bláquez Ramírez, por todo el apoyo recibido y valoración otorgada al esfuerzo que se sigue en la Asociación SEGRUPOL, para lograr un foro de debate profesional, independiete, imparical, democrático y alejado de toda hipocresía y demagogia social.

SM.1.JMPG