Por primera vez desde nuestro Despacho de defensa jurídica se ha solicitado en la vía jurisdiccional de lo social (Recurso de Suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid), el reconocimiento de una situación de acoso laboral padecido por un compañero de la asociación.

Como sabéis, se trata de algo anormal, desde un punto de vista jurídico, debido a que tal situación está reconocida por el vigente Código Penal como un delito.

En este sentido, dicha situación de acoso cuyo reconocimiento jurisdiccional se solicita, no tiene un objetivo (inicialmente) de aplicación de las consecuencias jurídicas del Código Penal para los delitos, sino de que se reconozca de facto el hecho padecido por el funcionario en su puesto de trabajo de cara al reparto de responsabilidades económicas y de asistencia que legalmente corresponden al INSS o a la Mutua del trabajador durante su tiempo de IT (incapacidad temporal).

El crecimiento de socios en Segrupol, nos hace tener más claro cada día uno de los pilares esenciales en los que se fundamentó la creación de esta organización: el apoyo íntegro a todos los compañeros y compañeras afectados por esta pandemia, desgraciadamente, tan extendida.  

Por ello, nos parece un avance importantísimo y un paso más en el apoyo que se ofrece desde la Asociación a todos aquellos policías que vienen padeciendo este tipo de lamentables y vergonzosas situaciones, reprochables en todos los sentidos y cometidas por personas de escasos principios éticos, morales y, normalmente, de muy limitadas cualidades profesionales, así como sus incondicionales adeptos que, a la sombra, y por alguna “recompensa” (normalmente de ascensos o privilegios de destino o jornada laboral), secundan tan miserables comportamiento.

Segrupol mantendrá incondicionalmente con toda su integridad, como venimos haciendo desde nuestra creación, su apoyo abierto y permanente a todos los compañeros y compañeras que padecen esta lacra y su lucha jurídica contra estas situaciones, con el fin de contribuir a erradicar tales conductas y al reconocimiento público de víctimas de estos funcionarios y la pretensión de que sus verdugos deban comparecer ante la justicia.

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